Bolivia no ampara criminales ni traidores

La Policía boliviana detuvo al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, cuando recibía un soborno de 20.000 dólares por favorecer a un sector con un proceso de saneamiento, titulación y entrega de tierras. La cifra, según la Policía, representaba un adelanto de la coima por 380.000 dólares.

"Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro Gobierno no encubrirá la corrupción venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la Justicia como corresponde”, dijo el presidente boliviano Luis Arce en su cuenta de Twitter este 14 de abril.

El arresto fue realizado por agentes de Inteligencia el lunes en El Prado, la avenida principal de La Paz, cuando Characayo recibía en “mano propia” el dinero para guardarlo en la mochila de un colaborador, también arrestado, detalló el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al presentar en una rueda de prensa fotografías de la autoridad arrestada y del dinero decomisado.

La Policía explicó a los medios que los 20.000 dólares eran un adelanto de un pago mayor de 380.000 dólares, de los que 100.000 supuestamente serían para Characayo, 200.000 para funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), encargado de titular tierras, y 80.000 dólares más para Hiper García, director general de Desarrollo Rural, que acompaña al ministro para cobrar el soborno.

Characayo ha sido acusado de cometer “varios delitos en flagrancia como cohecho, coacción, beneficio en razón del cargo” y comparecerá ante un juez, agregó el ministro sin dar detalles sobre el sector que supuestamente se iba a beneficiar con las tierras.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), aprehendieron en flagrancia de actos de corrupción al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas. pic.twitter.com/mSFNLkVphR — Ministerio De Gobierno Bolivia (@MindeGobierno) April 14, 2021 La Policía cuenta con grabaciones telefónicas de las personas que incitaron a cometer los delitos, pero cree que “la cabeza de esta red de corrupción ha caído”, agregó. El ministro calificó la acción de “ejemplar” para las “futuras generaciones comprometidas con la lucha contra la corrupción” y enfatizó que el mandato del presidente Arce es “tolerancia cero a la corrupción y caiga quien caiga”.

Una cartera con historial de escándalos

Characayo juró como ministro el 1 de diciembre cuando reemplazó a Wilson Cáceres, que duró apenas tres semanas en el primer consejo de ministros de Luis Arce. Cáceres había sido destituido por cometer un supuesto acto de nepotismo después de que nombrara como jefa de gabinete a una mujer que había presentado previamente como su esposa, aunque el escándalo creció cuando aclaró que no estaba casado con ella sino con otra mujer.

Arce asumió la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre tras ganar los comicios con un 55 % de apoyo en las urnas.

En los recientes comicios departamentales y municipales, su partido, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), perdió seis de nueve gobernaciones y ocho de las diez principales alcaldías del país, que quedaron en manos opositoras.

Dictadora condenada

El ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, ha pedido una pena de 30 de años de cárcel para Jeanine Áñez, un anuncio que llega horas después de que se conozca que la expresidenta, que se encuentra en prisión, ha sido condenada a cuatro meses de prisión preventiva.

«Se determina detención preventiva para la ciudadana Jeanine Añez Chávez en el centro de orientación femenina de Obrajes (...) por el lapso de cuatro meses», dijo la jueza. El proceso en su contra contempla delitos de terrorismo, sedición y conspiración que presuntamente provocaron la renuncia de Evo Morales a la presidencia de ese país en 2019.

La exautoridad boliviana expresó a través de su cuenta de Twitter que es enviada a prisión para esperar el juicio por un 'golpe' que no ocurrió. Tras conocer la determinación de la justicia, Añez también aseveró que el Movimiento al Socialismo, partido político de Evo Morales, «decide y el sistema judicial obedece».

En una audiencia que se extendió por más de diez horas, la jueza Regina Santa Cruz dio la razón al Ministerio Público, que argumenta que existe el riesgo de fuga de la expresidenta. De acuerdo a esa autoridad, Añez fue encontrada en una vivienda distinta a la suya y con una maleta que contenía su ropa, presuntamente con el fin de salir de Bolivia.

Ministros detenidos

Los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, colaboradores del Gobierno de Añez, comparecieron ante la Justicia en la misma audiencia. De la misma forma, se ordenó su detención preventiva en una cárcel de la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz. El primero se declaró «preso político por orden de Evo Morales» y el actual presidente de ese país Luis Arce.

Mientras se desarrollaba la audiencia la tarde del domingo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que recuerdan que el Estado de Bolivia debe velar porque las personas detenidas cuenten con garantías para ejercer su defensa. Solo unas horas antes, las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos han instado a las autoridades que llevan a cabo las investigaciones, a salvaguardar el debido proceso.

En la misma línea, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, expresó que «las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de la justicia y transparencia».

Operativo policial

Jeanine Añez y sus dos exministros fueron capturados entre el viernes y la madrugada del sábado en operativos realizados por la Policía Boliviana. Las órdenes fueron emitidas por el Ministerio Público de forma sorpresiva y los detenidos denunciaron desde el primer momento que eran perseguidos políticos y que no se estaba siguiendo el debido proceso. Pese a que denunciaron ese supuesto extremo al inicio de su audiencia, la jueza a cargo dio por «infundados» sus argumentos.

El proceso contra las exautoridades bolivianas inició en el pasado mes de diciembre, luego de que Luis Arce asumió la presidencia. Una exdiputada afín al partido de gobierno interpuso una denuncia en la que los acusa de generar hechos violentos que derivaron en la renuncia de Evo Morales como presidente. Mientras que la oposición de ese país ha denunciado que el gobierno busca borrar un «fraude electoral» y en su lugar intentan posicionar un inexistente «golpe de estado».

El gobierno boliviano expresó su interés de que Jeanine Añez y sus dos exministros sean sentenciados con la pena máxima de cárcel. El ministro de justicia de ese país, Iván Lima afirmó que no se busca sólo cuatro meses de detención, sino 30 años de cárcel. Esa autoridad señaló además que se cumplió con el debido proceso y se garantiza que las ex autoridades serán sometidas a un juicio justo.

Fuente: FRANCE 24 (FRANCIA)