La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció los "gravísimos abusos" cometidos por miembros de la policía nacional de Colombia contra manifestantes durante las protestas que se han llevado a cabo en ese país desde abril 2021.
En un comunicado emitido este miércoles, la organización de derechos humanos acusó a los cuerpos de seguridad de usar fuerza excesiva y a menudo brutal contra manifestantes "en su mayoría pacíficos" y aseguró que ha documentado numerosas muertes, golpizas violentas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.
"Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco llamó al gobierno a implementar una "seria" reforma de la policía y "asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes".
El presidente de Colombia, Iván Duque, ya había anunciado el pasado 6 de junio una serie de reformas a la Policía Nacional y la modernización del Ministerio de Defensa -que gobierna a esa institución de seguridad.Duque prometió una "transformación integral de la policía", concentrándose en el fortalecimiento de la capacitación en torno a los derechos humanos.
No obstante, algunos políticos de oposición, como la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, dijeron que las reformas debían ser más profundas, tildando las medidas anunciadas de "algunas necesarias y otras cosméticas".
En eso coincidió el informe de Human Rights Watch, que indicó que las reformas propuestas no son suficientes para prevenir las violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos cometidos.
Destacó la necesidad de que haya una separación clara entre la policía y el Ministerio de Defensa (Fuerzas Armadas) que crear una institución de carácter civil y capacitada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa.
¿Qué denuncia Human Rights Watch?
Para su informe, la ONG de derechos humanos, con base en Estados Unidos, dijo haber entrevistado a más de 150 personas -por teléfono o videoconferencia- en 25 ciudades de Colombia.
Estas incluían víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, grupos defensores de derechos humanos y varios funcionarios del gobierno incluyendo la vicepresidenta de la Nación, la canciller y el director de la policía.
De 68 denuncias de muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones, pudo confirmar que al menos 34 ocurrieron en el contexto de las protestas (incluyendo las de dos policías).
HRW dice haber obtenido evidencias creíbles, algunas corroboradas por videos, de que la policía mató con armas de fuego a por lo menos 16 manifestantes o transeúntes, muchos intencionalmente.
También denunció golpizas y uso excesivo de la fuerza. Según el Ministerio de Defensa, por lo menos hubo 1.100 casos de personas que sufrieron lesiones, pero la ONG considera que la cifra es mayor, documentando 17 golpizas violentas cometidas por la policía, una de las cuales resultó en la muerte de Elvis Vivas, de 24 años.
Resaltó el reporte de la Defensoría del Pueblo que recibió quejas de dos casos de violación sexual por parte de uniformados, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal.
Ataques contra la policía
Pero el informe de HRW también condenó la violencia contra los agentes de la policía. Aunque aseguró que la mayoría de las manifestaciones se realizaron pacíficamente, reconoció que hubo una serie de actos graves contra el personal uniformado, incluyendo ataques con cocteles molotov, saqueos e incendios.
El resultado, hasta el 2 de junio, es que más de 1.200 policías quedaron lesionados, al menos 192 de gravedad, dos muertos y siete hospitalizados, según los datos del Ministerio de Defensa.
Se mencionó además los bloqueos de calles y vías durante períodos prolongados por parte de los manifestantes que en algunos casos impidieron la distribución de alimentos y medicamentos o la circulación de ambulancias, que en un caso pudo haber evitado la muerte de una recién nacida en las cercanías de la ciudad de Cali.
Sin embargo, Vivanco fue enfático: "La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial", señaló.
¿Cuáles recomendaciones hace HRW?
El informe de HRW elaboró una larga lista de recomendaciones que van dirigidas tanto al presidente Iván Duque, como al director de la Policía Nacional, al Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Al ejecutivo le pide tomar medidas inmediatas para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, una revisión exhaustiva de protocolos y prácticas en el control de multitudes, brindar reparaciones a las víctimas de la violencia policial y convocar el comité creado para verificar detenciones durante las manifestaciones.
Entre las medidas que sugiere a los legisladores están la transferencia de la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior (algo que piden los representantes de los manifestantes) o a un nuevo ministerio y reformar el Código Penal para garantizar las investigaciones independientes de casos de violencia perpetrada por policías contra civiles.
Esos procesos de investigación sobre los abusos cometidos durante protestas, la rendición de cuentas y creación de comités de verificación y monitoreo también se recomendaron a los otros entes del Estado.
A la Defensoría del Pueblo se le pidió asegurar un control "estricto, fuerte e intenso", sobre los abusos cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), aumentar el monitoreo y la información pública y periódica de casos de violaciones a los derechos humanos.
Visita
Luego de cuatro días, terminó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a una Colombia en descontento. El organismo tuvo encuentros con las partes involucradas y revisó numerosas denuncias sobre presuntas violaciones a los DD. HH. por parte de la fuerza pública durante las protestas que se prologan desde el 28 de abril. Se espera que sus recomendaciones se den a conocer en los próximos días y posteriormente se haga un seguimiento.
Aún se desconoce qué resultados concretos dejó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en Colombia, ya que sus recomendaciones se conocerán en los próximos días.
No obstante, son muchas las expectativas de justicia ante numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública sobre la población civil.
Claro que, quienes se consideran víctimas de los bloqueos y no están de acuerdo con la forma en que se han llevado a cabo las manifestaciones relacionadas al paro, valoran que la inspección deja vacíos, en un intento de señalar vacíos que no fueron escuchados. Así lo afirmó la líder Diana Perafán, a la revista local Semana.
Por ahora se sabe que una de las conclusiones es que el representante de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, será el encargado de vigilar el proceso. Su función será la de intermediario entre el Gobierno y la CIDH para evaluar las recomendaciones que emita para superar la crisis por la que atraviesa el país, según informó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Entre los posibles pasos a seguir también está la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes a cargo de las investigaciones, que informe sobre los hallazgos y entregue medidas para evitar una repetición de violaciones a los derechos humanos, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes.
El brazo autónomo de la Organización de los Estados Americanos podría asimismo implementar un mecanismo propio para el seguimiento de las recomendaciones, una vez estas sean publicadas.
Las acusaciones contra la fuerza pública que recibió la CIDH
Durante su estadía, la delegación se reunió con representantes de las partes involucradas y escuchó cientos de testimonios de víctimas de violencia: recibió informes sobre casos de desapariciones, sobre muertes y violaciones o abusos sexuales, sobre ataques a la prensa y acusaciones sobre el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía, desde el inicio el 28 de abril.
El martes, los representantes de la Comisión Interamericana recibieron un informe de tres ONG locales –de Indepaz, Temblores y Paiis–, en el que se leía al menos 20 personas fallecidas a causa de disparos directos de la Policía, además de alrededor de 3.798 personas afectadas por la violencia de los uniformados. Human Rights Watch confirma un total de 34 muertes en el contexto de las protestas, 16 de ellas en manos supuestamente de las autoridades. Todo pese a que desde el pasado enero la fuerza pública en Colombia tiene prohibido usar armas de fuego durante las marchas sociales.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a la CIDH "apoyo para lograr con celeridad la investigación, judicialización y reparación a las que haya lugar, dentro de estas denuncias de civiles y de miembros de la fuerza pública afectados".
La mandataria de la capital del país volvió a hacer un llamado a definir una reforma integral de la Policía –ya anunciada por el presidente colombiano Iván Duque– y un pacto social y económico a largo plazo con todos los actores de la sociedad, como parte de una solución al descontento ciudadano.
Además de reunirse con miembros del Gobierno de Duque y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el organismo que forma parte de la OEA también sostuvo encuentros con representantes de los entes de control, que prepararon documentos sobre la situación a raíz del paro nacional.
Entre ellos el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien le informó sobre 548 casos de violación a los DD. HH. No obstante, Camargo enfatizó en las razones que llevaron a miles de ciudadanos a protestar.
Entre ellas resaltó la profundización de la pobreza en medio de la pandemia de Covid-19, pues el 42% de los colombianos pasaron a situación de pobreza y el 15% a pobreza extrema. Camargo también apuntó a la "acrecentada polarización política que recientemente se evidencia exacerbada en un año preelectoral". Aunque también subrayó que Colombia es un país con "grave situación de Derechos Humanos por causa de la persistencia del conflicto armado no internacional".
Fuente: BBC (GRAN BRETAÑA) / FRANCE 24 (FRANCIA)
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